México se consolidó como nación independiente en 1821, y desde entonces ha tenido tres constituciones.

La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, la de 1857 y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

Esta constitución está formulada por 9 Títulos y 136 preceptos. Los 29 primeros estatuyen los derechos fundamentales del hombre (existen otros dispersos en los artículos restantes) y formulan la parte dogmática de la misma: los artículos 27 y 123 consagran las garantías sociales y los restantes regulan el capital geográfico, las formas de gobierno, la división de poderes, la distribución de facultades entre órganos federales y locales, la supremacía de la Constitución y su inviolabilidad. En ella encontramos tres artículos que determinan la vida de los mexicanos, el artículo 3° sobre la educación, que debe ser gratuita y laica.

El artículo 27° sobre la propiedad y tenencia de tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional. Y por último, el artículo 123° que habla sobre las disposiciones de trabajo, la jornada A cien años del Artículo 27 Judith Medina Ayala El artículo 27 se ha reformado dos veces, la primera en 1934 y la de 1992, en donde se cierra una
era histórica durante la cual el Estado impulsó y fue impulsado a realizar un extraordinario cambio en la distribución de la tenencia de la propiedad rural será de ocho horas y la fijación de salarios mínimos.

La Constitución de 1917 es la primera Carta Magna en la historia que incluye derechos sociales, estos son aquellos derechos que facilitan a los ciudadanos y habitantes a desarrollarse en autonomía, igualdad y libertad; es sin duda una aportación jurídica mexicana al constitucionalismo universal.

Antecedente directo de la Constitución que hoy nos rige es la Revolución Mexicana, el pueblo exige que se le devuelvan las tierras que le habían sido arrebatadas con una ley que ya llevaba alrededor de 60 años vigente. Esta ley es llamada Ley Lerdo de 1856 y la Constitución de 1857, en ella proscriben como parte de una cruzada contra las corporaciones terratenientes que prevalecían (mayormente las propiedades de la Iglesia) obligando a desamortizaciones y fraccionamientos que muchos juzgaban como causa del progresivo despojo y empobrecimiento de vastas poblaciones rurales, que al verse reducidas al peonaje o al trabajo a jornal con ínfimos o nulos derechos, deciden levantarse con la Revolución para demandar su derecho a la tierra. Para 1914 los zapatistas

extendían sus zonas de influencia en el centro de México y deseaban realizar una reforma agraria radical, basada en los preceptos del Plan de Ayala. El eje fundamental era el reparto y devolución por vía de la expropiación directa de todas aquellas tierras que en algún momento -desde la época de la Coloniahabrían sido propiedad comunal de los pueblos.

El gobierno de Carranza, al verse arrinconado en Veracruz, decide responder con un plan propio para atender ese problema y detener el levantamiento, así crea un plan para retornar la tierra a los pueblos que la reclamaban, como un acto elemental de justicia y como única vía efectiva para asegurar la paz. Los zapatistas exigían una legislación de propiedad comunal como parte de sus principales demandas, recordemos “la tierra es de quien la trabaja”, y los propios constitucionalistas de 1915 (mismos que escribirían la de 1917) un poco a regañadientes habían comenzado a restituir la tenencia comunal, sólo que de modo provisional. Es en el artículo 27 donde se reconocerá la tenencia comunal como la principal modalidad de la propiedad privada.

Como vemos, el artículo 27 responde a los procesos históricos, decretando la anulación de todas o casi todas las transacciones relacionadas con la desamortización a partir de 1856 en las cuales los pueblos o similares perdieron tierras. En 1917 -con esta nueva Constitución- el Estado decide dividir, reorganizar, devolver o simplemente dar la tierra a los campesinos.
El artículo 27 se ha reformado dos veces, la primera en 1934 y la de 1992, en donde se cierra una era histórica durante la cual el Estado impulsó y fue impulsado a realizar un extraordinario cambio en la distribución de la tenencia de la propiedad rural. En esta última reforma desaparece el concepto más trascendente del artículo 27: la obligación del Estado de otorgarle tierras a las corporaciones de la población que las necesiten, sin importar sus causas. Para esas fechas el reparto de tierras llevaba tiempo extenuado y no era ya ni la sombra de lo que había sido. Al mismo tiempo, el campo mexicano -ahora poblado de ejidosse ha transformado de tal forma que Emiliano Zapata y la Revolución no lo entenderían.