Doctora Raquel Gutiérrez Nájera, Defensora del Derecho Ambiental y representante del Doctorado en Derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara.

Inequitativa e incompleta la actual política agraria y la Ley de Agua Nacionales

El aumento de la pérdida de la soberanía alimentaria, por una política agraria incompleta, inequitativa e imparcial alejada del desarrollo con sustentabilidad, ha ocasionado que familias campesinas e indígenas estén subsidiando la producción de la exportación de granos y hortalizas en detrimento del uso de aguas superficiales y subterráneas y de ausencia de tecnologías adecuadas, que orienten la transición hacia la agricultura orgánica, el fortalecimiento del mercado interno y precios competitivos a los campesinos que son la base de la alimentación del pueblo mexicano.

En los trabajos realizados por representantes de 23 Estados de la República, se aprobó la Ley General de Agua, Iniciativa Ciudadana Agua para todos y Agua para la Vida en General.

En este segundo Congreso, “Ciudadanos y sustentabilidad, el buen gobierno del agua” realizado en Guadalajara, se acordó presentar la iniciativa ciudadana a un grupo de diputados y senadores federales para que la hagan suya y la presenten en los mismos términos ante el Pleno del Congreso de la Unión; asimismo se continuará recabando firmas para presentar una iniciativa de consulta pública en el 2018.

De la misma manera se construirán alianzas con sindicatos, universidades, ONG’s, movimientos nacionales como el Barzón, la CNPA y organismos internacionales abocados al tema del agua, medio ambiente y derechos humanos.

La agudización nacional de conflictos por el agua, expresan que los arreglos institucionales de forma y fondo que existen en la legislación actual del agua en nuestro país son insuficientes o en el mejor de los casos limitados para su resolución y abordaje.

Así lo demuestran la contaminación de los ríos de Sonora y Bacanuchi, del arroyo Chupaderos y rio Baluarte en Sinaloa, del río Santiago en Jalisco, de los lagos y lagunas del territorio nacional, de las limitaciones de la EIA para prevenir de manera efectiva los impactos ambientales, el costo beneficio de las obras y los impactos sociales que cusan los megaproyectos como la presa el Zapotillo en Jalisco, las Cruces en Nayarit, la Parota en Guerrero, la construcción de aeropuertos en zonas de importancia hídrica como el de la ampliación de la ciudad de México, de sentencias no cumplidas como el acueducto de Sonora, de suspensiones sin cumplir como los casos del cerro del Gachupin y de la Primavera en Jalisco.

De la inobservancia de inclusión de pueblos y comunidades indígenas y toma de decisión de proyectos que los afectan, se concluye en el Congreso que la actual ley de aguas nacionales no tiene los arreglos institucionales para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, a un ambiente sano y al desarrollo con sustentabilidad.