El anuncio de la privatización de nueve ingenios azucareros que han estado bajo la propiedad gubernamental desde hace catorce años ha traído gran expectación entre los actores de la agroindustria azucarera del país y de otros posibles inversionistas.

Tal noticia se publicó recientemente en el Diario Oficial de la Federación. Se ha informado también que la venta está abierta a inversionistas nacionales y extranjeros. Según se ha anunciado, las arcas federales captarían 8 mil 148 millones de pesos por la enajenación de las nueve factorías azucareras, de acuerdo a lo comunicado por el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

De acuerdo con declaraciones del presidente de la Unión de Cañeros de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), Carlos Blackaller Ayala, hay casos de ingenios exitosos que en lo sucesivo habrán de cambiar de dueño, por lo que la desincorporación trae su factor de incertidumbre en un momento en que se tiene un conflicto comerciales con las exportaciones de azúcar a Estados Unidos.

Uno de los ingenios estatales que ha tenido éxito es el de Atencingo, Puebla, el cual genera actualmente una derrama de mil 600 millones de pesos en su zona de influencia en comunidades por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

El tema ha dado motivo a declaraciones controvertidas y contradictorias, en el sentido de que el gobierno federal pretende establecer precios muy elevados por los ingenios, lo que podría poner trabas para la desincorporación de las instalaciones.

Por otra parte, varias dependencias federales han señalado que las nueve factorías azucareras se encuentran en buenas condiciones financieras, lo que supone que se venderían libres de deudas; y que también se encuentran en buenos términos en su operación, lo que les dejado márgenes razonables de utilidades en los años recientes.

Los nueve ingenios que se pretende subastar producen en conjunto 20 por ciento del total del azúcar mexicana, sobre todo por el hecho de que algunos son de los mayores del sector azucarero.

Sin embargo, entre los puntos álgidos que se tienen en lo que será el proceso de desincorporación de los nueve ingenios, figura el pasivo laboral de 200 a 300 millones de pesos que se deriva de las condiciones de los contratos colectivos con los trabajadores sindicalizados de las factorías.

Por cierto, el anuncio de la desincorporación de los nueve ingenios estatales se realiza en el contexto de una zafra 2014-2015 que tiene la meta esperada de una producción de 6.3 millones de toneladas (contra 6.02 millones del ciclo anterior, según lo han expresado autoridades y analistas del ramo.

El esperado incremento de 5 por ciento de la producción azucarera mexicana, se tiene en un contexto de cierta incertidumbre por el conflicto comercial que se tiene con Estados Unidos.

Ante el hecho de que el consumo interno de azúcar supone 4.3 millones de toneladas, se tiene el reto de exportar dos millones de toneladas, lo que obliga a buscar nichos de comercialización distintos al mercado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ya que al momento se tiene la proyección de que las ventas a Estados Unidos sólo sería de 1.2 millones de toneladas en el escenario de corto plazo.

EL DATO
Entre las factorías que se pretenden desincorporar, se encuentran dos que figuran entre las cinco con mayor producción del sector azucarero: San Cristóbal (en Veracruz) y Atencingo.
En 2001, el gobierno de Vicente Fox decretó la expropiación de 27 ingenios, de los que 18 fueron recuperados por la impugnación jurídica por parte de las empresas perjudicadas.
En la zafra pasada se exportaron 1.7 millones de toneladas a Estados Unidos y Canadá.
Entre los grupos empresariales que recuperaron ingenios figuran las familias Machado y Gallardo (dueños del ingenio jalisciense de Tala).